Producir menos basura, residuos sólidos urbanos y envases, y reciclar en origen al máximo es más urgente que nunca desde 2023 en Sevilla y en todo el país. No hacerlo supone que los ciudadanos tenemos que pagar más debido al nuevo impuesto que penaliza toda la basura que no puede reciclarse con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero. Es el llamado impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración o coincineración que recauda la comunidad autónoma y deben pagar los ayuntamientos desde el 1 de enero de 2023. Lo regula la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

Este nuevo impuesto ha provocado que se duplique el coste de tratamiento de las basuras en Sevilla y que haya que aplicar una tasa específica de gestión de residuos para afrontarlo. Lo corrobora la Mancomunidad sevillana de La Vega, que gestiona de 125.000 a 130.000 toneladas de residuos al año y cuya planta tiene una de las más modernas tecnologías de España, tras Madrid y el País Vasco, y la primera de Andalucía. "Es difícil hacerle ver a la gente que ese impuesto ha duplicado el coste del tratamiento de basura. Si antes nos costaba el tratamiento 4 millones, nos hemos ido a 8 millones", explican su presidente y edil de Guillena Antonio Garrido y su coordinador técnico e ingeniero Raúl Villa.

Para hacer frente a ese impuesto algunos municipios pagan desde 2023 esa tasa específica de gestión de residuos, aunque la ley da de plazo hasta el 10 de abril de 2025 para establecerla. La Junta ha recaudado más de 100 millones por este impuesto en el primer año, pero debe decretar cómo ese pago repercute en los centros de tratamiento de residuos. Entre tanto, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Diputación de Sevilla piden al Gobierno andaluz que esa recaudación se quede en los ayuntamientos. 

Raúl Villa (coordinador técnico de residuos) y Antonio Garrido (presidente), de la Mancomunidad de la Vega.

La Vega ha sido de las primeras mancomunidades en cobrar esta tasa desde 2023 y ha subido la basura a los municipios a los que da servicio de tratamiento y reciclaje (320.000 habitantes de 34 municipios) y de recogida selectiva (más de 250.000 habitantes de 23 localidades). Desde el año pasado ha pagado 7 millones por el impuesto al vertedero.

Para los vecinos de La Vega, la tasa ha subido a 188 euros (antes 150 euros) e incluye los 30 euros por tonelada del nuevo impuesto, lo que implica un pago diario para el vecino de 0,50 céntimos, un coste diario asequible teniendo en cuenta todo el proceso que sigue el residuo desde su recogida hasta que llega a la planta para su tratamiento.  

En La Vega, el nivel de reciclaje es mejor que la media. De cada 100 toneladas que entran de residuos urbanos en la planta, 55 toneladas van a vertedero y 45 toneladas se recuperan (metales, plásticos, vidrios y compost -ahora se llama bioestabilizado-). 

Poner contenedores más modernos que incentiven a reciclar al vecino e insistir en la concienciación de separar basuras en origen son algunas claves para reducir los residuos al vertedero. "Al vecino le está calando que si recicla en origen, vamos a llevar menos al vertedero, lo que no es posible si se mezclan los residuos por mucha tecnología que tenga la planta. Todo lo que no llegue limpio a planta, salvo lo que pueda recuperarse, tiene que ir a vertedero. Y en el vertedero cada tonelada hay que pagarla", señala Antonio Garrido.

En Cónica-Montemarta va a vertedero el 30% de envases y el 85% de los residuos urbanos

En los municipios más poblados de la provincia, como Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá, el Viso, Mairena del Alcor y Carmona, los costes derivados del nuevo impuesto son mucho más altos porque el centro de tratamiento de los residuos Cónica-Montemarta gestiona nada menos que 650.000 toneladas de basura al año, cinco veces más basura que La Vega, y el peso de los residuos que van a vertedero alcanza el 85% en los residuos sólidos urbanos.

Nave de fermentación en la planta de Cónica-Montemarta que da servicio a los grandes municipios de Sevilla.

Según datos de Aborgase, la empresa privada que gestiona la planta, en Cónica-Montemarta de la fracción de envases se recupera "hasta el 70% (el 30% va a vertedero)", pero los resultados son pésimos en los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), ya que "en torno al 85% de los residuos totales fue a vertedero".

La empresa explica este bajo nivel de reciclaje y recuperación de los residuos en la antigüedad de la planta, con casi tres décadas. "Hay que tener en cuenta que la planta en la que operamos, propiedad de la Mancomunidad de los Alcores, es muy antigua (de 1996) y el rendimiento, por lo tanto, es bajo", explica Aborgase a este periódico.  

A partir de 2024, esta elevada cantidad que va a vertedero "disminuirá notablemente" y espera que pase "de ese 85% a menos del 70%, gracias a la aplicación de las últimas tecnologías de separación". Esta reducción se debe, según la empresa, a que en el Centro Integral de Tratamiento de Montemarta-Cónica acaban de construir una instalación de tratamiento de residuos, recientemente puesta en marcha y financiada íntegramente por Aborgase.

La capital cobrará la tasa de gestión de residuos en 2025

Sevilla capital va a esperar hasta 2025 para implantar esa tasa que subirá la basura y que los ciudadanos tendremos que pagar. El equipo de Sanz quiere esperar a ver lo que plantee la FAMP en este tema. Mientras tanto la basura se cobra ligada al agua y su importe no ha variado pese al encarecimiento del agua en 2024. 

La capital pertenece a la Mancomunidad de Los Alcores, cuya planta de tratamiento es Cónica-Montermarta, que cuenta con un vertedero de gestión privada que lleva la empresa Aborgase.  

El gobierno local de Sevilla no está trasladando a los ciudadanos por ahora el pago de este impuesto a vertedero, que en 2023 le supuso un coste de 5,56 millones de euros con cargo al presupuesto del Ayuntamiento, para el pago de los tres primeros trimestres. Desde el área de Hacienda, el Ayuntamiento de Sevilla explica que hace dos semanas llevó una modificación presupuestaria al Pleno para pagar el 50% de la deuda pendiente a cuenta de ese impuesto (septiembre-diciembre de 2023 y enero-abril de 2024), algo más de 1 millón de euros (1,15 millones), pero no se aprobó porque el PSOE votó en contra.