El conocido como Dioni de Almensilla ha sido muy directo en sus declaración ante el tribunal de la sección Tercera de la Audiencia que juzga el desfalco de casi 2,7 millones de euros que dejó a los propietarios del sector F de este municipio sevillano sin el dinero que 600 familias habían aportado a la Junta de Compensación para que sus viviendas pudieran acceder a servicios como la luz y el agua. "Lamento haber jodido al sector F", declaró Julio Mateos a su abogado en la primera sesión de un juicio en el que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida. "He perdido todo lo que tenía, espero que mis compañeros que tengo detrás asuman su parte y compensen a estas personas", añadió refiriéndose a los otros dos acusados. 

Los otros dos implicados en esta trama son Ismael Perea, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Almensilla y director general del Consorcio Fernando de los Ríos desde abril de 2014, y Juan Carlos Navarro, que era apoderado del bufete Torrents abogados. Julio Mateos, que solo respondió a las preguntas de la fiscal y de su letrado, afirmó que los otros dos acusados eran "perfectamente conocedores" del trasiego de cheques y dinero. Ha sido directo. Tanto, que cuando la fiscal le ha preguntado directamente por si Ismael Perea sabía que los cheques al portador eran para su lucro personal, no ha dudado un segundo en afirmar: "Para el mío y para el suyo". 

De 2009 a 2015 la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla tuvo como presidente a Ismael Perea y como tesorero a Julio Mateos. Según la Fiscalía, ambos eran “los únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación” y se dedicaron a “detraer” ese dinero “de común acuerdo”. Para ello, según la acusación pública, libraron cheques a su favor y aportaron a sus respectivos patrimonios 2.466.506,85 euros.

Según la Fiscalía, Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Mateos ganó 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 a favor de Asema, la mercantil de la que era administrador único y gestor. En la segunda fase, el único con firma autorizada para disponer de los fondos era Mateos y lo “aprovechó para continuar detrayendo a su favor” hasta un total de 223.607,19 euros. Es más, según este acusado, Perea era perfectamente conocedor de estas circunstancias porque "nunca firmó ningún cheque en blanco y sabía que no se realizaba ningún trabajo".

El acusado principal contó con la “colaboración” según la Fiscalía del auditor Juan Carlos Navarro, con quien tenía una doble relación empresarial y de amistad “de tiempo atrás” porque era el apoderado y el gestor del bufete de su mujer, que además representaba a la junta de compensación en los procedimientos judiciales con una entidad financiera. Según la Fiscalía ambos se concertaron para emitir talones con “sobrecoste a los servicios previamente pactados". Una situación que conocía "porque le gustaba ganar dinero". 

Un entramado para lucrarse con los fondos de los vecinos del sector F, "con la colaboración de Perea y Juan Carlos Navarro", afirmó la fiscal. Julio Mateos Palacio ha cargado las tintas para que el que fue presidente de la Junta de Compensación con él como tesorero, Ismael Perea. "No creo que una persona con ambición política como él ignorara lo que estaba sucediendo. Es más, incluso me aseguró que el dinero que estaba preparado para el pago del Sector F a una entidad financiera se compensaría cuando ocurriera su nombramiento como alto cargo de la Junta". De hecho, en 2014 fue nombrado director del Consorcio Fernando de los Rïos.

Julio Mateos fue nombrado tesorero de la junta de compensación en 2006, ejerciendo dicho cargo hasta el 27 de mayo de 2015, fecha en la que envió un correo electrónico al presidente y secretario de la entidad “reconociendo haberse apropiado dinero de la misma y huyó del país, siendo así que tenían acordada una reunión con el Banco de Santander para la firma de un acuerdo de resolución de deuda aplicando una quita y diseñando un calendario de pagos”. Entonces huyó a la República Dominicana, donde estuvo durante un año hasta que fue capturado, para pasar después a estar durante más de dos años en prisión provisional. 

Además de las penas de prisión, la Fiscalía también solicita que las víctimas de la junta de compensación del Sector F sean indemnizados con 2.649.172 euros: Mateos sería responsable civil directo de 2.164.811,53 euros, Perea respondería de 301.695,32 y Navarro, de 182.665,15 euros.

A mediados de mayo de 2015, el propio Dioni de Almensilla reconoció en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de los parcelistas. Acto seguido huyó a la República Dominicana, donde fue detenido en 2016. Procesado a principios de 2019, en mayo quedó en libertad provisional después de pagar una fianza de 40.000 euros. Para entonces ya llevaba tres años en prisión provisional. En abril de 2021, la magistrada que mandó el caso a juicio le impuso una fianza de casi 2,9 millones de euros. El resarcimiento económico a las víctimas será una de las claves del juicio.