Tres meses después del asesinato de dos agentes de la Guardia Civil al ser embestido por una narcolancha en Barbate, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un grupo de trabajo para diseñar medidas encaminadas a "hacer más fácil la vida cotidiana y profesional de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar". Así lo ha señalado al término del Consejo de Gobierno (presidido de manera telemática por Juanma Moreno) el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien ha determinado que "en él están involucradas todas las consejerías, de manera transversal" y espera que "en un plazo de un mes, o mes y medio, tendremos unas primeras medidas encima de la mesa".

Se trata de una estrategia que pretende paliar el abandono de los integrantes de las fuerzas de seguridad que "en cuanto pueden se marchan de la zona, porque no cuentan con facilidades para compaginar las difíciles condiciones laborales de su trabajo de lucha contra el narcotráfico y la vida cotidiana". Se trata de salvar el "rechazo del Gobierno a considerar el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad o a los guardias civiles y policías nacionales como profesión de riesgo; ambas cuestiones sí han sido aprobadas por el Parlamento de Andalucía", ha añadido Sanz.

El consejero ha expuesto que ese grupo de trabajo en el que están "implicadas de una manera directa todas las consejerías que ya están planteando sus propuestas" pondrá en marcha "cuestiones como la educación infantil y los servicios de transporte escolar y de comedor; medidas para favorecer la movilidad y hacer más fácil el acceso a los medios de transporte públicos; un acceso a la vivienda más sencillo servicios culturales y deportivos". Sanz ha querido dejar claro que "son medidas dentro de las competencias de la Junta de Andalucía, ya que pretendemos actuar dentro de la mayor lealtad posible. No se trata de reclamar nada al Gobierno de España; queremos poner en marcha medidas en el marco de nuestras políticas".

Una reunión baldía

Donde sí ha habido más discusión ha sido a la hora de calificar la reunión que los alcaldes de la comarca mantuvieron con el ministro de Asuntos Exteriores quien les informó sobre el estado de las negociaciones para lograr un acuerdo con Gibraltar. Al menos esa era la idea, ya que según Sanz, el encuentro fue "muy superficial y plagado de una enorme falta de concreción sobre el estado real de la cuestión". El consejero de Presidencia ha recordado como el encuentro "se produjo a instancia de la Junta de Andalucía, ya que el último similar fue en mayo del año 2022 y la verdad es que no entendemos la razón de que a esas negociaciones se invite a Gibraltar y no a la Junta de Andalucía. Sí es entendible que esas negociaciones se produzcan entre estados soberanos -España y Reino Unido- pero no sabemos la razón de que estén las autoridades de Gibraltar y no el Gobierno andaluz".

En ese marco, el consejero propuso al ministro Albares -"que no recogió el guante"- la creación de una "mesa interinstitucional en que todos trabajemos en favor de las más de 300.000 personas que viven en el Campo de Gibraltar, sin más pretensión que poner sobre la mesa, medidas que favorezcan las condiciones en las que viven, sin ningún tipo de reproches".

Ningún avance más. El Gobierno "no ha dado ningún plazo sobre cuándo podría estar cerrado el acuerdo, así como el contenido del mismo que debe servir para abrir las oportunidades para el Campo de Gibraltar. La Junta apuesta por el acuerdo, pero no por cualquier acuerdo. Desde luego, creo que merecemos una explicación, por ejemplo sobre cómo se va a solucionar el tema fiscal ya que, por poner un ejemplo, el Impuesto de Sociedades en España es de un 25%, mientras que en Gibraltar es de un 10%. En esas condiciones, ¿quién se va a atrever a poner una empresa en el Campo de Gibraltar?" se ha preguntado el consejero.