Las reuniones entre los representantes del Gobierno andaluz, los empresarios del sector y las asociaciones de ayuntamientos y entes supramunicipales en el ámbito de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) continúan para formalizar un acuerdo que aborde de la manera más global que sea posible, los problemas que el turismo causa en algunas zonas saturadas de la comunidad autónoma. La Junta, tal y como confirmó su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, insiste en que “no se trata de freír a impuestos a la gente” en referencia a una inclusión de la tasa turística que no se descarta como parte del pacto que se busca.

Lo cierto es que los encuentros se mantienen, aunque alejados de los focos y avisan desde la Junta de que se conocerán sus pormenores una vez esté cerrado. De esta manera, la idea del Gobierno andaluz es que el debate sobre la posible implantación de una tasa turística en Andalucía, responda a la idea de que es mejor “alcanzar una buena solución antes que una solución rápida”. Así se manifestó el portavoz después de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que confirmó que sigue sin haber fecha para el acuerdo entre la Administración autonómica y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre la implantación de la tasa turística y cuyas reuniones se situaron a la finalización de la Semana Santa.

Las dificultades son por partida doble. De un lado la otrora posición monolítica de los integrantes del Gobierno, encabezados por el consejero de Turismo, Arturo Bernal, abiertamente contrarios a la implantación de la tasa turística, se ha visto alterada por la postura no tan cerrada a la misma manifestada por la responsable de la recaudación en Andalucía, la responsable de Hacienda, Carolina España.

De otra, la de los propios municipios con grandes diferencias en sus posturas. Así, mientras que las grandes ciudades como Sevilla, Málaga y Córdoba (cuyos alcaldes son del PP y éste último preside la FAMP) se han mostrado, a través de sus alcaldes, partidarios de su implantación, los municipios eminentemente turísticos (los de la Costa del Sol) son contrarios a la misma. Además, están aquellas localidades que no tienen esos niveles de visitantes y que se sienten perjudicados en el debate sobre el aumento de ingresos.

Oficialmente, el Gobierno andaluz se reafirma en el argumento de que “la tasa no es la solución para la infrafinanciación” de los ayuntamientos, que sigue considerando el problema de fondo, por lo que, incluso esgrimiendo su experiencia de “siete años como alcalde de Almería, puedo sostener que el principal argumento es que se han asumido cada vez más competencias ya que tenemos un Estado cada vez más descentralizado y continuamos sin una reforma de la financiación local que dote de recursos para poder hacerlas frente, ya que se asumen más de las previstas inicialmente”. Fernández-Pacheco llegó incluso a poner sobre la mesa un planteamiento más global, como pudiera ser el de “renunciar a alguna de esas competencias, si no se cuenta con la financiación adecuada”.

En lo que se refiere a las reuniones que siguen manteniéndose, el Gobierno andaluz “no ve mal que se dialogue sobre esa figura impositiva” aun cuando quiso dejar claro que “no está a favor de una nueva tasa que venga a subir la presión fiscal”, puesto que considera que “está en contra de un sector que tantos puestos de trabajo, tantas alegrías nos ha dado, como este mismo año”.

El portavoz abogó por “un diálogo constructivo que refleje una posición común de los andaluces”, mientras que señaló el fondo de nivelación como la fuente de la que procederían los fondos necesarios para paliar la infrafinanciación que también describe en la Administración local, al mismo tiempo que expuso que se trata de una reclamación que “lo piden todas las comunidades sin excepción”.

La intención es la de reabrir el debate de “cómo se financian, si tienen recursos suficientes para prestar todo los servicios que la ley encomienda”, para responderse a la pregunta retórica con un “creo que no” y abogar entonces por “un diálogo fructífero entre los agentes turísticos, la FAMP y la Consejería de Turismo” que propicie que “los diferentes puntos de vista se pongan encima de la mesa”, con el deseo de que “sigan por el buen camino”, aunque con la idea de que “probablemente la solución exceda de la competencia de la Junta de Andalucía”.

En cualquier caso, el debate parece complejo de cerrar. Por un lado está la reticencia a imponer una tasa que sería abonada tanto por los visitantes que llegan a Andalucía, como por los propios andaluces que visitan otros lugares. Tampoco juega a favor el tiempo. Es imposible hacerlo antes del próximo verano y respecto al siguiente se estaría a meses vista de la convocatoria de las elecciones autonómicas, por lo que ningún Gobierno implantará medida alguna que suponga un incremento de la presión fiscal, aunque los estudios sobre el aumento de la misma, han determinado que sería mínimo.

Última reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía.